Miércoles 1 de abril del 2009

PREPAREN
No obstante que el Presidente Felipe Calderón reconoció durante una entrevista con la BBC de Londres, que México y los Estados Unidos trabajan hombro con hombro en nuestro territorio para combatir al crimen organizado, en el Senado de la República sorprendió la propuesta para que sea autorizada la asistencia de marines estadounidenses en ejercicios navales, conocidos como UNITAS.
Pero lo cierto es que la práctica de tolerar efectivos de las corporaciones gringas en nuestro país no es nueva, puesto que en la década de los 70´s, cuando Pedro Ojeda Paullada era titular de la PGR y Alejandro Gertz Manero, suboficial mayor y responsable de la campaña contra el tráfico de drogas, la presencia de agentes de la DEA no solamente era conocida, sino que en el noroeste muy particularmente, trabajaban codo con codo con los mexicanos.
Así quedaron registrados varios enfrentamientos de las autoridades contra integrantes del clan de María Beltrán Félix, madre y precursora de toda la camada de Miguel Félix Gallardo y los hermanos Arellano Félix, hasta llegar a los Beltrán Leyva.
Comandantes como Margarito Méndez Rico, Daniel Acuña, Manuel López Arriaga, entre otros, fueron famosos por sus acciones realizadas al lado de agentes y comandantes de la DEA. Más tarde, con la llegada de Oscar Flores Sánchez y el general Raúl Mendiola Cerecero, se reconoció públicamente la colaboración que México tenía de la CIA, el FBI, y la DEA.
Así los nombres de Peter Beisenger, ex director de la DEA , John Vandiver, Henrry Washington, eran por demás conocidos y aparecían en cualquier operativo que se llevara a cabo en México. Lo mismo se les encontraba en la embajada de los Estados Unidos, que verlos entrar muy tranquilamente al inmueble de la calle de López 23, o al de San Juan de Letrán 9, entonces sede de la PGR; por cierto esos eran también los tiempos del ahora tristemente célebre general Arturo Durazo Moreno, quien figuraba como comandante de la desaparecida Dirección General de la Policía del Distrito Federal.
APUNTEN
Días después de que dos personas muy cercanas al Juez 40 Penal, Jorge Martínez perdieran la vida a manos de unos presuntos hampones, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, descartó que esos hechos fuera una venganza del crimen organizado, más bien atribuyó al alto índice delictivo.
Pero mientras son peras o son manzanas, el magistrado presidente del máximo tribunal judicial de la capital señaló, “no podernos, no hay presupuesto para brindar seguridad a los jueces; ni la Suprema Corte (SCJN) lo ha hecho”, aún cuando es latente la urgencia de garantizar la integridad física de los impartidores de justicia.
Debido a esos lamentables hechos, hay consternación en los servidores públicos del Juzgado 40 Penal, donde asume funciones de juez por ministerio de ley Juana Aguilar; también en otros jueces hay pesar; el titular del Juzgado 39 Penal, Francisco Salazar Silva, lamentó lo ocurrido a su colega, pero no quiso abundar detalles por considerarlo una asunto muy delicado.
No obstante, parece que la tragedia persigue a este impartidor de justicia de 36 años de edad, pues el 26 de agosto del 2007 también sufrió el deceso de un muy cercano familiar durante un asalto ocurrido en Ecatepec, Estado de México.
Esa vez, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, informaron que ese crimen había sido cometido frente al número 36 de la calle Porfirio Díaz, en la Colonia Urbana, sitio al que llegaron socorristas que trasladaron aún con vida a la víctima a la Clínica 76 del IMSS, en la colonia Xalostoc, donde finalmente falleció.
En esas fechas, el Juez Martínez Arregui, apenas antes había dictado sentencia absolutoria en favor del policía auxiliar Noé Martínez Nápoles, acusado por la Procuraduría de Justicia capitalina de participar en el homicidio contra el ingeniero Luis Alfonso Belmar, ocurrido el 18 de octubre de 2006 en el Viaducto Miguel Alemán y calzada de Tlalpan.
Apenas hace quince días, el Juez 40 había recibido en sus manos el proceso contra tres trabajadores del TSJDF acusados de cobrar 700,000 pesos a unos secuestradores para conseguirle su libertad en la revisión de segunda instancia.
FUEGO
¿Qué juez penal del Reno debe tomar un tratamiento sicológico de 50 sesiones para superar los daños que sufrió durante un asalto? Hasta la próxima, con más casos En la Mira…

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