Lunes 10 de agosto del 2009

PREPAREN

En el mundo del hampa se corren todos los riesgos en cualesquiera que sea el grado de participación, por ello, de especial significado y relevancia es el asesinato cometido ayer contra la abogada regiomontana, Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, quien fue acribillada a tiros el mediodía de ayer en una plaza comercial Pulga Río, en Monterrey.
La litigante se destacó por haber sido testigo protegido en el caso que llevó a la captura del narcotraficante Juan García Abrego.
Según algunos testigos, al menos tres sujetos con armas AR-15 dispararon sobre Villanueva Fraustro, y después de consumar el crimen huyeron por el acceso que da a la calle Porfirio Díaz, donde abordaron una camioneta.
Raquenel Villanueva fue conocida por tomar casos polémicos de narcotraficantes, secuestradores e incluso de dueños de loterías clandestinas. Entre sus clientes estuvieron el comisario Javier Herrera Valles, acusado de tener vínculos con narcotraficantes; Diego Santoy, conocido como el asesino de Cumbres, quien es procesado por el asesinato de Érik y María Fernanda Peña Coss, de 7 y 3 años, entre otros.
Durante su trayectoria sufrió al menos cuatro atentados, tres en Monterrey y uno en la ciudad de México, de los cuales en dos resultó herida con arma de fuego. Fue una abogada clave en las piezas que manipula con límites insospechados el crimen organizado.

APUNTEN

La PGR y la Procuraduría de Justicia capitalina, indagan a la empresa española Prosegur, quien en plena violación a la normatividad mexicana adquirió empresas de traslado de valores para operar en territorio nacional, sin ninguna restricción.
El ambicioso proyecto inició con la contratación de despachos para el asesoramiento de abogados y fiscalistas a nivel internacional y nacional, tales como el Balaguer Morera & Asociados, quienes efectuaron un estudio detallado de nuestra normatividad, con el único propósito de burlar la legislación mexicana y poder adquirir empresas nacionales para disfrazar sus actividades en el país.
Simultáneamente, para establecerse en tierras aztecas, hicieron cabildeo entre diputados locales, federales y altas autoridades del ramo de la Seguridad Pública, para afianzarse en el mercado sin ningún cuestionamiento de parte del gobierno mexicano. Así concretaron con “los enlaces preestablecidos por sus consejeros” desde el 30 de octubre de 2007 un contrato de “prestación de servicios” por medio de la previamente mexicanizada Pro-S Protect Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión en Efectivo, S. A. de C. V. con la empresa nacional, Grupo Mercurio de Transportes, S. A. de C. V., como primer paso para lograr sus objetivos.
Entonces, Germán Arribas de la Casa y Carlos Gustavo Carrizo, representaron a la compañía oficializada como “Protect”, y por la condesada como “Grumer”, extrañamente sólo Javier Artigas Escobar, a pesar de reconocerse como socio igualitario a Cuauhtémoc Morales Sepúlveda.
En dicho contrato entre particulares, sin notificar a las autoridades hacendarías, conste, especifican que; “debido a la negociación, ejecución y firma del contrato...relacionado con Protect, Grumer y Santander... (por lo que) ambas partes reconocen ...como secreta...y se obligan a mantener en secreto dicha Información Confidencial. El incumplimiento de esta cláusula, dará lugar al pago de 500 mil dólares como pena convencional por su incumplimiento.”
Para amarrar sus fines, la Holding Ibérica Prosegur, S. A. procede el 15 de noviembre de ese 2007 a la firma de otro contrato, éste bajo la definición de “Convenio Marco” de colaboración entre Grumer, ahora sí con Cuauhtémoc Morales y Javier Artigas, y Germán Arribas de la Casa con el “objeto de intercambiar experiencias en comercialización, capacitación, imagen de unidades blindadas, uso de nuevas tecnologías y procedimientos administrativos”.
El siguiente paso documentado del Consorcio Prosegur, S. A., representado por sus personeros anotados y los accionistas de Grumer, S, A,, fue la firma de un nuevo contrato el 29 de enero del 2008, ahora de compra venta de los bienes muebles e inmuebles de la empresa mexicana Grumer, así como; “la facultad para obtener y negociar la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones de éstos, por un total de 32 millones 769 mil 600 pesos más IVA” , mediante “transferencia electrónica a la cuenta 00104885678 de Grumer.

FUEGO

¿Patricia Conchero Aragones sería la primera “ombudsgirl” en nuestro país? Hasta la próxima, con más casos En la Mira…

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