Viernes 31 de agosto del 2009

PREPAREN

Entre la población carcelaria, particularmente de las prisiones alta seguridad, existe un código de honor no escrito, y se refiere a que todo aquel interno acusado o sentenciado por el delito de secuestro, recibirá el peor castigo de su vida, o la peor pesadilla si se prefiere: es la “ley del hielo”.
Porque aún en esos penales de alta seguridad, donde conviven por igual famosos roba bancos, homicidas, o poderosos narcotraficantes, todos ellos señalados como los más despreciables de la sociedad; hay un núcleo de los “apestados”, que lo conforman los secuestradores, siempre están solos y nadie entabla conversación alguna, pues así lo marca el código no escrito.
Tal es el caso de los más significados plagiarios que en su momento encabezó Nicolás Andrés Caletri López, quien bajo los cargos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, desde febrero del 2000 cohabita en la prisión de alta seguridad El Altiplano. Ahí se sabe, Andrés Caletri vive arrinconado, solo y triste.
El caso de Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, quien acumula 225 años de sentencias por los mismos delitos, además de lavado de dinero, continúa en un área especial del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió el nuevo fallo contra el delincuente y contra ocho de sus presuntos cómplices, quienes tienen sentencias que van de uno a 90 años de cárcel.
Una medida similar se tomó en el entonces llamado penal de La Palma, con los narcotraficantes Osiel Cárdenas Guillén y Benjamín Arellano Félix, con quienes el secuestrador formó una alianza.
Ellos son seres que caminan cabizbajos, demuestran una humildad y con movimientos extraños como si fueran reptiles que pretenden ganarse la simpatía de custodios y de sus compañeros de destino. Aún así simplemente se les odia, y si eso ocurre ahí dentro. Para muchos, el simple hecho de mirarlos a través de los medios informativos les provoca asco.
De ahí que las palabras de Raúl Ortiz González, El Flaco o EL Azul, integrante de la banda de Los Rojos, a quien se les atribuye el secuestro y muerte de Silvia Vargas Escalera, lo menos que despertaron fue ira. Es un cobarde sujeto que da el perfecto perfil de un sicópata con la idea que sus actos tenían mucho de heroísmo.

APUNTEN

¿Cómo que una conferencia de prensa con un “réptil” de esta naturaleza? Lo cierto es que sí tendría mucho que decir, pero sus padrinos relacionados con las corporaciones policiacas locales y federales, jamás le permitirían hablar ante los medios informativos.
Así, al traspasar la aduana del penal donde un juez lo confinará el resto de sus días, lo menos que le espera es la ley divina. Claro está, con una nada agradable bienvenida, porque sus cómplices y hermanos podrían ser violados tumultuariamente.Y así lo dijimos, luego que los titulares de la PGR y de la PGJDF fumaron “la pipa de la paz” el pasado 23 de los corrientes y prometieron trabajar juntos para recobrar la confianza de la ciudadanía, pareciera que todavía no hay coordinación.
Los últimos golpes espectaculares asestados por la Policía Federal a las bandas de secuestradores han sido, ni más ni menos que en el Distrito Federal, y entonces se deriva una interrogante más.
¿En la policía judicial capitalina no vieron o no sabían del paradero de los plagiarios? Además, concatenando el asunto de las recientes aprehensiones que arrojan puntos positivos para la Policía Federal, está el asunto declarado por el propio empresario Nelson Vargas, padre de la infortunada Silvia, de que pago 800,000 pesos al ex funcionario de la PGR y negociador de secuestros, Ernesto Mendieta.
Según con el Código Federal de Procedimientos Penales, eso podría constituir un delito grave dado el monto de dinero entregado por sus “servicios”. Y más grave se torna por el hecho de que no solamente no funcionó sino pudo quedarse con el dinero. Por si fuera poco, hay una referencia respecto a los intermediarios hecha por propio Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, quien en su momento consideró a esa actividad como una acción ilegal constitutiva de delito.
Por eso Nelson Vargas debe acudir ante el agente del ministerio público de la Federación para denunciar a Mendienta, y dejar así un precedente para que nunca más este tipo de personajes lucren con el dolor de las familias víctimas del secuestro.

FUEGO

Los Rojos, ¿cómplices del Mochaorejas? Hasta la próxima, con más casos En la Mira…

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